Julio Iglesias en un entrenamiento | © GettyImages
No sé si Julio Iglesias es inocente o culpable. Y, siendo honestos, no debería importar lo que pensemos.
Nuestra opinión no sustituye ni debe sustituir a la de un juez.
Lo único verdaderamente relevante en un Estado de derecho es que exista un proceso judicial con garantías, que se investiguen los hechos y que se respete, hasta el final, la presunción de inocencia. Sin excepciones. Sin atajos. Sin tribunales paralelos en los medios o en las redes sociales.
Cuando convertimos una denuncia en una sentencia pública, no estamos haciendo justicia. Estamos debilitando el propio sistema que debe proteger tanto a las víctimas como a los acusados. Y cuando el sistema se debilita, todos perdemos.
El señalamiento público, el linchamiento mediático o la lógica de la inquisición moderna no solo vulneran derechos fundamentales, sino que terminan causando un daño enorme a causas nobles que merecen ser defendidas con rigor, seriedad y credibilidad en juzgados y tribunales.
Sin garantías, no hay justicia; sin justicia, no hay confianza.
Si queremos volver a ser un país serio, debemos colocar de nuevo la presunción de inocencia en el centro del sistema. No como una concesión, sino como lo que es: uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática.
De lo contrario, el precio que pagaremos será alto. Y será colectivo.